Siendo que la nueva ley de inmigración de Arizona es el centro de atención publica, el Sur de Tucsón ha empezado preparaciones para hacer cumplir la agresiva y polémica "Ley de Apoyo a Nuestras Agencias del Orden Público y Vecindarios Seguros", mejor conocida como SB 1070.
La nueva legislación, la cual fue firmada por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril, convierte en delito estar en Arizona sin documentación inmigratoria apropiada y pide que la policía revise el estado legal. Una persona sin documentación legal puede ser multada hasta por $2,500, encarcelada y deportada. La ley también declara ilegal el transporte intencional de migrantes ilegales o el contrato de jornaleros en la calle.
La policía del Sur de Tucsón ha empezado a hablar acerca del entrenamiento necesario para hacer cumplir la ley de una manera correcta.
El Comité de Estándares y Capacitación para los Oficiales de la Paz de Arizona determinará, en mayo, las guías exactas para la aplicación.
El Jefe de la Policía del Sur de Tucsón Richard Muñoz, el cual dijo que se oponía a la ley antes que ésta pasara, se entrevistará con el consejero legal del departamento para definir la mejor manera de aplicar esta ley.
"Queremos estar seguros que todos los agentes estén de acuerdo en cuanto a la duda razonable", dijo él. "Tiene que haber un detenimiento legal".
A pesar de que el gobierno de la ciudad del Sur de Tucsón no está de acuerdo con la naturaleza ofensiva de la ley, planean ratificarla, dijo el Gerente Municipal de la Ciudad del Sur de Tucsón, Enrique Serna.
La legislación ha provocado protestas a nivel nacional y ocasionó que varios activistas y organizaciones locales y nacionales demandaran desafíos legales y una reforma de inmigración. Los oponentes de la ley dicen que promoverá la segregación racial y viola los derechos civiles.
"Los derechos de aquellos de nuestra población, van a ser los que van a ser violados", dijo Serna. "El mal necesario de esta legislación es la segregación racial".
Bernardo Lopez, un conductor de transporte del Sur de Tucsón, dijo que él se opone firmemente a la ley. "Por el simple hecho de ser de piel oscura, vamos a tener problemas", dijo él. "Sólo Dios sabe qué tipo de cosas van a suceder".
Nathalie Perez, una inmigrante indocumentada que trabaja en el área del sur de Tucsón, dijo que no todo inmigrante ilegal es un criminal.
"Muchos de nosotros estamos trabajando", dijo ella. "Somos invisibles, pero aun así pagamos impuestos".
La ley fue patrocinada por el senador Russell Pearce, R-Mesa, quien dijo en una carta pública en el portal de internet del Comité Republicano del Condado Maricopa: "Garantizo que esto salvará los trabajos americanos, reducirá el gasto del gobierno, mejorará la seguridad en los vecindarios, mejorará la congestión, hará las aulas más pequeñas, las líneas más cortas en las salas de emergencia, reducirá violaciones y acosos sexuales, y reducirá el número de muertes y mutilaciones de nuestros ciudadanos y demás".
El presidente Barack Obama criticó el proyecto de ley sólo unas horas después de que fue firmado. "Si seguimos fallando a nivel federal, vamos a continuar viendo el surgimiento de esfuerzos equivocados alrededor del país", dijo.
Pero Brewer firmó el proyecto de ley diciendo que "protege a cada ciudadano de Arizona", una conclusión con la que muchos no concuerdan.
"No es justo para las personas que quieren salir adelante y trabajar aquí", dijo Joel, el cual no dio su nombre completo por causa de su estado legal. "La opción es mudarse a otros estados. Eso, más que nada, afectará Arizona".
El gobierno de México emitió un aviso a sus ciudadanos el 27 de abril en contra de viajar en Arizona, diciendo, "Se debe de asumir que cada ciudadano mexicano podría ser hostigado e interrogado sin ningún motivo a cualquier momento".
El presidente mexicano Felipe Calderón condenó la ley en un discurso al decir que la ley "abre las puertas a la intolerancia, al odio, a la discriminación y al abuso en el cumplimiento de la ley".
Y el 29 de abril, El Fondo Educacional y la Defensa Legal México-Americano y la Unión de Libertades Civiles Americanas, en conjunto con el Centro Nacional de Inmigración anunciaron en Phoenix que están preparando un desafío legal enfocado en la interferencia de la 1070 con la obligación del gobierno federal de lidiar con los asuntos de inmigración. Se espera que otra gran variedad de individuos y organizaciones preparen desafíos legales.
En otros estados como California y Texas, leyes similares a la 1070 han sido rechazadas debido a la inconstitucionalidad de los estados al querer apoderarse de las responsabilidades de inmigración que se suponen ser el ámbito del gobierno federal.
En Arizona, estos oponentes de la 1070 han protestado en Tucsón, Phoenix, y en otras ciudades por días, antes y después de que se firmara la propuesta de ley.
Isabel Garcia, líder de Derechos Humanos, un grupo de derechos civiles en Tucsón, nombró la ley la más racista desde las leyes Jim Crow.
Ella indica que números tan elevados de inmigrantes cruzan la frontera como resultado de años de acción legal con la intención de dirigir el tráfico hacia allá.
"Es muy fácil echarle la culpa a Brewer o a Pearce, quienes por supuesto, son horribles, pero tenemos que entender que ellos son producto de lo que permitimos que se creara", dijo ella. "No nos opusimos hasta que obtuvieron la perla más preciada. Yo le llamo a este proyecto de ley, la perla más preciada del movimiento anti-inmigratorio".
Dirigido por la administración del presidente Bill Clinton, el Servicio de Inmigración y Naturalización promulgó dos proyectos que resultaron en un gran incremento inmigratorio a lo largo de Arizona. La Operación Gatekeeper aseguró la frontera de San Diego Calif., y la Operación Hold the Line hizo lo mismo en El Paso, Texas. Las medidas enérgicas de estos estados empujó el tráfico de inmigración lejos de las ciudades hacia áreas más remotas a lo largo de la frontera de Arizona.
En el 2001 la Operación Safeguard aumentó la presencia de la Patrulla Fronteriza en el área de Tucsón y construyó una barda en la frontera de Nogales, lo cual desplazó a los que cruzan a zonas aún más remotas.
"La suposición fue que había áreas de la frontera que eran demasiado inhóspitas que esencialmente serían auto-patrulladas", dijo Doris Meissner, antigua comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización para este plan, en el 2002.
Unas 1,299 muertes a lo largo de la frontera Arizona-México han sido documentadas entre el 2004 y el 2009, de acuerdo con la base de datos del periódico Arizona Daily Star.
El caos ocasionado por esta acumulación es el responsable del clima político actual que rodea la política de inmigración de Arizona, dijo Garcia.
"Caímos en un hoyo negro", dijo ella después de hablar ante una plaza llena de gente el día después que se firmó el proyecto de ley.
"Resistencia, resistencia y más resistencia" debe ser el siguiente paso, dijo ella.
El congresista Raúl Grijalva, D-Tucson, Distrito 7, pidió un boicoteo nacional contra Arizona. El boicoteo pedirá que las organizaciones se abstengan de celebrar convenciones en el estado. Él dice que es un esfuerzo para que la ley se convierta aún más en un punto de atención nacional, con el propósito final de una reforma nacional de las leyes de inmigración.
Entre las voces en contra de la ley se encuentra la del antiguo miembro del consejo de Tucsón, Steve Leal. Él siente que la ley es una denigración de los derechos civiles y apoya el boicoteo.
"Preferiría si la gente hiciera lo correcto por la razón correcta – cómo por ejemplo, si a todos les importara los derechos civiles de todos", dijo del boicoteo. "Todos ellos (los republicanos) realmente están motivados, aparte del odio, por el dinero. Así que si les quitas el dinero puede que se vayan, 'Bueno, estamos dispuestos a cambiar de opinión'".
Nohemi Ramirez y Jeff Feld contribuyeron al reportaje de esta historia.
